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Declaración de San Cristóbal    Magdo. Jaime del Río Salcedo Presidente del Tribunal Electoral del  Estado de Michoacán y de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, A.C.   San Cristóbal de las Casas, Chiapas 25 de junio de 2010

 DIAGNÓSTICO DE LA JUSTICIA ELECTORAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS   Ante todo, quiero agradecer, a nombre de quienes integramos la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, la distinguida presencia del Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien, al haber aceptado amablemente esta invitación, refrenda su compromiso y convicción con la justicia electoral y las instituciones democráticas.   Asimismo, agradezco la honrosa compañía de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, así como del Magistrado Pedro Esteban Penagos López, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes siempre nos han favorecido con su cercanía y colaboración.  

Por supuesto, mi sincero agradecimiento al licenciado Juan Sabines Guerrero, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, por su

anfitrionía y calidez, que se manifiestan en las innumerables atenciones que hemos disfrutamos en esta bella e histórica ciudad, considerada la capital cultural de Chiapas y que acertadamente ha sido denominada pueblo mágico.   Saludo con afecto y profundo reconocimiento a los demás integrantes del presidium, y a todos los presentes, particularmente a las Magistradas y Magistrados Electorales de los distintos Estados del país.         

Mensaje:  

En septiembre de 2009, acompañados por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (amij) y arropados por el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (Fondo Jurica), la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana inició una amplia e incluyente deliberación pública que, a lo largo de sucesivas etapas, ha permitido la configuración gradual de un diagnóstico de la justicia electoral en las entidades federativas.   

El diagnóstico inició con una convocatoria pública, para que ciudadanos, académicos e integrantes de la comunidad jurídica, presentaran ponencias. De casi todo el país se recibieron ensayos, en los que se pudo advertir el enorme interés de los participantes y su compromiso por contribuir a la modernización de la impartición de justicia en la materia. Los temas fueron muchos y muy variados, pero todos conducen a un mismo camino: el fortalecimiento de los Tribunales y Salas Electorales del país, así como la potencialización de las garantías jurisdiccionales de magistradas y magistrados, y de las capacidades institucionales.

Posteriormente, se llevaron a cabo foros regionales para debatir y reflexionar sobre esos y otros temas importantes. Estuvimos en Guadalajara, Cuernavaca, Monterrey y ahora en San Cristóbal de las Casas. Aprovecho la ocasión para agradecer a los magistrados Gonzalo Julián Rosa Hernández, Hertino Avilés Alvabera, Javier Garza y Garza y José María Chambé Hernández, su dedicación y compromiso con este proyecto. Así mismo, al equipo de trabajo del Tribunal Electoral de Michoacán, particularmente a Alfonso Villagómez León y a Mario Morales Mendoza. Por último, pero no por ello menos importante, expreso mi sincero agradecimiento al Dr. Rolando de Lassé Cañas, Secretario Ejecutivo de la AMIJ, al Mtro. Alfredo Orellana Moyao, Secretario Técnico del Fondo Jurica, así como al Mtro. Miguel Ángel Yáñez, Director de esta Facultad de Derecho, por su valiosa colaboración en la celebración de este evento. 

Los trabajos del diagnóstico dieron muestra de un aspecto muy relevante: la justicia electoral local ha sido y sigue siendo un tema de interés nacional, en cuanto garante, de primera mano, de la gobernabilidad y normalidad democráticas. Ciertamente, los

tribunales electorales son, como lo expresó en el foro de Cuernavaca Huu Dong Ngu del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los verdaderos árbitros de la contienda electoral. Tiene razón, nuestra única camiseta, dicho en el contexto del mundial de fútbol, es valorar las pruebas e interpretar la ley para resolver, exclusivamente por la vía del derecho, las controversias electorales.  Los resultados obtenidos, para decirlo en términos simples, no son otra cosa mas que (re)conocernos y (re)encontrarnos en nuestras circunstancias, para identificar de manera clara y objetiva fortalezas y áreas de oportunidad, pero también, las debilidades que se hacen presentes.   Estoy plenamente convencido de que una de las primeras enseñanzas que nos deja este inédito ejercicio de introspección, es sabernos responsables para asumir posiciones críticas y reflexivas sobre nuestro quehacer institucional, orientadas al constante mejoramiento de la justicia electoral mexicana.  

Desde el inicio del proyecto y hasta ahora en que hemos concluido, se ha delineado un mapa reflexivo que nos ha llevado desde cuestiones de autonomía presupuestal, profesionalización de la justicia electoral para su modernización, perspectiva de género, los medios de comunicación, facultades interpretativas, hasta el análisis de la iniciativa que propone la creación de los órganos nacionales para la organización de las elecciones y para la resolución de conflictos jurídicos, sin dejar de lado, otros temas como la legitimidad y riesgos de la impartición de justicia electoral local frente a los poderes fácticos, la justicia constitucional local en la materia, la participación ciudadana, la remoción de inercias en la aplicación judicial del derecho, así como la importante temática abordada ayer y hoy sobre los retos de la justicia electoral en las entidades federativas, la reforma pendiente, jurisprudencia electoral, trascendencia de la justicia electoral en los Estados, y la influencia de la jurisprudencia internacional sobre los derechos político-electorales.  

Este amplio abanico de temas evidencia que hemos alcanzado uno de los principales objetivos que habíamos trazado en el diagnóstico: contar con cimientos sólidos para construir directrices y proponer alternativas legislativas para la toma de decisiones de todos los

actores con competencia y responsabilidad jurisdiccional en el ámbito electoral local. 

 Pero también hay que señalarlo: aún nos mantenemos en el camino. No hemos llegado a la última frontera, por más cerca que eso parezca.   Es cierto, concluimos una primera etapa de exploración, pero al mismo tiempo abrimos otra igualmente analítica que en su momento habremos de impregnar con un toque más propositivo.   Es indudable que, para seguir dando pasos firmes, inicialmente requeríamos saber nuestras fortalezas, oportunidades y debilidades, pero ahora, con el diagnóstico bajo el brazo, es el momento de la búsqueda de soluciones comunes, útiles y eficaces, y con ello, de redoblar compromisos, renovar voluntades, y de encontrar aliados en los espacios académicos y en la sociedad civil para este proceso permanente de modernización y fortalecimiento.  

En otras palabras, permítanme decirlo de esta forma: a partir del diagnóstico ya sabemos dónde, cómo y el por qué de algunos de nuestros “achaques” institucionales, ahora, es el momento de que con el mismo ánimo, propongamos algunas curas o tratamientos necesarios. Lo anterior, me atrevo a afirmar, marcará un antes y un después en la justicia electoral local.   En gran medida, el federalismo judicial y la agenda pública se construyen en las regiones, donde se viven más de cerca los fenómenos sociales y culturales de cada Estado. El profesor Asdrubal Aguiar lo dijo en el Foro de Guadalajara, aunque vivimos en un mundo global, ahora mas que nunca tenemos que ver y escuchar a las instituciones locales.  

También lo señaló la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: La justicia electoral local y los órganos que la imparten son condiciones necesarias para el avance democrático del país, más aún en estos momentos en que el reto consiste precisamente en extender la democracia a comunidades y regiones que han quedado rezagadas. 

Coincido plenamente con lo señalado por la Presidenta Alanis. Un verdadero federalismo en materia judicial electoral requiere fortalecer no sólo los ámbitos competenciales de los tribunales locales, sino también sus capacidades institucionales.  Señoras y señores, el trabajo realizado nos permite expresar la siguiente DECLARACIÓN:  Las Magistradas y los Magistrados electorales del país:   Considerando  Que el federalismo judicial electoral debe privilegiar órganos jurisdiccionales especializados, independientes, imparciales y profesionales. 

Que el control constitucional y legal de los actos y resoluciones en materia electoral, requiere de constante perfeccionamiento.

Que la autonomía de los órganos jurisdiccionales y la independencia de sus integrantes, se basan en la suficiencia presupuestaria como una de sus garantías judiciales e institucionales.   Que la imparcialidad y solidez argumentativa en el ejercicio de la función jurisdiccional es lo que permite a los tribunales y salas electorales consolidar su legitimidad social.   Ratificando  La convicción de que la confianza en las instituciones constituye un elemento indispensable de la democracia. 

El compromiso con los principios constitucionales que rigen la función electoral, con el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, con los estatutos Universal del Juez y del Juez

Iberoamericano, y con los valores de todo Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

 La defensa del pleno acceso a la justicia electoral, como base del sistema democrático a través de criterios garantistas, y el control de convencionalidad en materia electoral.   La capacitación permanente, como herramienta fundamental para la formación e investigación en la materia, y para garantizar el profesionalismo de los juzgadores electorales.    Convenimos  Primero. Mantener un diálogo directo, abierto, transparente, informado y respetuoso entre los legisladores y juzgadores electorales, a fin de avanzar en el fortalecimiento y modernización de la justicia electoral local.

Segundo. Que las propuestas de reforma al sistema de justicia electoral se presenten bajo la rectoría de los principios constitucionales de acceso a la justicia, independencia, imparcialidad y de profesionalismo de los juzgadores electorales.   Tercero. Que la función jurisdiccional en las entidades federativas se ejerza en un marco de autonomía y permanencia.   Cuarto. Que se fomente y consolide, en la ciudadanía en general y entre los actores electorales en particular, una cultura de la legalidad.   Quinto. Que los Tribunales y Salas Electorales, a fin de consolidar la confianza ciudadana en su actuación, fortalezcan sus esquemas de transparencia y rendición de cuentas.    San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Junio de 2010